Martes 19 de octubre de 2021.- Diversas críticas a la actuación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al funcionamiento de la institucionalidad ambiental expresaron hoy los abogados especialistas en la materia que recibió la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de analizar la acusación constitucional contra el Mandatario por su eventual participación en las negociaciones en torno a minera Dominga.
En esta primera sesión de audiencias, la abogada ambiental Llankiray Díaz explicó cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, detallando el proceso por el que pasó el controvertido proyecto minero-portuario que se pretende ubicar en la zona de Higuerillas, en la Región de Coquimbo.
La profesional planteó que es un proceso "muy normado", pero llamó la atención sobre el carácter "político" de la institucionalidad que se pronuncia sobre los proyectos. Esto debido a que están conformadas por el delegado presidencial y secretarios regionales ministeriales o ministros de Estado designados por el Presidente de la República.
La jurista también mostró sus dudas frente a los reales motivos que tuvo Sebastián Piñera para desechar el proyecto energético Barrancones, que se buscaba desarrollar en la misma zona que Dominga. "Aparentemente fue por una preocupación ambiental", señaló Díaz, pero recordó que esa decisión despejó el camino para el avance de la iniciativa minera.
Llankiray Díaz, además, cuestionó la prioridad que la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, dio a Dominga, calificándolo como un lobby indebido.
El abogado ambiental Ezio Costa también criticó la labor de dicha institución, señalando que "los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos". En relación a eso, aseguró que no están normados los criterios para priorizar ciertos proyectos.
Por su parte, uno de los redactores de la acusación constitucional, el abogado Enrique Aldunate aseguró que la responsabilidad del Presidente de la República es jurídica-política, porque se basa primero en inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales (actos de la administración presidencial que hayan comprometido el honor y la seguridad de la nación) y quienes juzgan son órganos políticos. Asimismo, el abogado indicó que el acto de autorización y de evaluación ambiental favorable para el proyecto Dominga, cometido por un grupo de colaboradores del Presidente, podría ser entendido como una irregularidad o delito.
En la jornada también se presentó la carta enviada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en que se excusó de participar en la instancia, debido a la indagatoria que lleva a cabo la Fiscal Regional Claudia Perivancich por probables delitos en la compraventa del proyecto minero-portuario y la reserva de la investigación establecida en el Código Penal. Frente a esto, los integrantes de la Comisión acordaron desarrollar un cuestionario de consultas para que el Fiscal Nacional, eventualmente, responda.
En la sesión también participó el abogado Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia, quien revisó las normas vigentes relacionadas con el principio de probidad en la administración pública. Sobre la situación del Presidente Piñera, señaló que actuar bajo cualquier conflicto de interés es una falta grave al principio de probidad. Situación que podría establecerse en este caso, considerando los vínculos familiares y de amistad que existirían entre quienes realizaron las negociaciones de la minera Dominga.
Degradación y tala ilegal de bosques
En otra materia, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó solicitar al Presidente de la República que instruya a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para que adopte medidas que eviten la degradación y la tala ilegal de los bosques por los efectos adversos que esto produce en la contaminación y en la emisión de gases con efecto invernadero.
La petición persigue promover las denuncias pertinentes ante los Juzgados de Policía Local competentes, con el fin de hacer efectivas las sanciones. Especialmente las administrativas en caso de haber funcionarios públicos involucrados en la tala ilegal de bosques.
El documento también requiere a la ministra de Agricultura elaborar un informe que cuantifique el verdadero alcance del daño producido con la tala ilegal de bosques. Y pide disponer recursos para recuperar y proteger las áreas silvestres protegidas, como también para financiar la restauración de bosques entregando fondos a privados.
El texto parlamentario cita datos de la organización ambiental "The Nature Corservancy", la cual señala que anualmente se genera más contaminación por la pérdida de bosques que por el transporte mundial (trenes, aviones, automóviles y barcos, en conjunto). A lo anterior se suma que la deforestación genera un 15% de las emisiones de CO2 al año en todo el mundo.
Acusación constitucional: abogados ambientales critican a Piñera y a la institucionalidad
Especialistas fueron recibidos por la comisión de diputados que analiza el libelo. En otra instancia, la Cámara Baja solicitó al Ejecutivo medidas para enfrentar la degradación y tala ilegal de bosques.
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