Avanza investigación de diputados por contaminación histórica en Coronel

Miércoles 4 de agosto de 2021.- Su penúltima sesión de audiencias realizó esta semana la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de revisar los actos de órganos del Estado en relación a la contaminación histórica en Coronel.

Para profundizar en su labor indagatoria, parte del grupo parlamentario sesionó en la sede del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Caleta Lo Rojas. Allí, se recibió a representantes de la comunidad, mientras que el resto de los invitados y parlamentarios se unieron de manera virtual.

En la reunión, se leyó una declaración jurada ante notario de Roberto Sepúlveda, uno de los trabajadores afectados por el asbesto que laboró en Endesa por más de 35 años y falleció hace un par de semanas. El documento entrega antecedentes del entierro de asbesto y de un incendio de magnitud que afectó a la central termoeléctrica Bocamina en 1975. Su testimonio es considerado clave por ser el último trabajador que participó en esa diligencia. El texto sostiene que el material se trasladó en camiones y se depositó en terrenos donde actualmente se ubica la unidad termoeléctrica Bocamina 2. Y afirma que el trabajo no contó con medidas de seguridad, ni advertencia de peligrosidad para las personas que allí laboraron.

Asbesto y metales pesados

Omar González, de la organización Trabajadores Unidos Contra el Asbesto, relató que ya van tres compañeros fallecidos. Además, expresó la frustración que sienten porque no hay avances en materia judicial. Informó que ellos mismos han financiado muestras de suelos que han demostrado la presencia de metales pesados sobre la norma.

Asimismo, denunció que los trabajadores presentan numerosos nódulos en sus pulmones y que diversas autoridades de Salud prometieron realizarles exámenes -el último en hacerlo fue el ex ministro Jaime Mañalich-, pero eso no se ha concretado.

En respuesta, el asesor del ministro Enrique Paris, Jaime González, expresó que existe la voluntad de la cartera de retomar dicho compromiso. A su vez, la seremi (s) del Biobío, Isabel Rojas, aseguró que nunca han abandonado esa temática y que el dirigente entregó, hace un tiempo, un listado de 57 personas para ser analizadas.

Respecto a las diligencias, informó que se realizaron dos sumarios sanitarios por asbesto; 23 fiscalizaciones por el saneamiento de este componente con Endesa, entre 2014 y 2015; 1.663 fiscalizaciones ambientales, en 2015; 172 por retiro de asbesto; y 99 monitoreos por el mismo compuesto, entre 2017 y 2020. A ello se suman tres estudios sobre metales pesados con estudiantes de la escuela Rosa Medel, en 2017; con preescolares, en 2018;, y de vigilancia toxicológica y médica para los habitantes de la comuna, en 2021.

Vertedero de cenizas

La instancia también permitió escuchar a representantes de organizaciones comunitarias de Coronel.

Juana Hernández, de "Familias Portadoras de Metales", manifestó su impotencia por lo que viven niños y niñas y sus familias que presentan arsénico, zinc y mercurio en su sangre. Aseguró que no cuentan con las muestras necesarias ni el seguimiento médico de los menores, que sufren diversas patologías y cuyos gastos deben costear como familias. Por ello, solicitó acompañamiento médico y sicológico.

Por su parte, Ricardo Alarcón, de la Comunidad Ciudadana de Coronel, mostró su preocupación por el vertedero de cenizas de Bocamina, resaltando que se encuentra en medio de la ciudad y opera regularmente, pese a no contar con permiso municipal. Añadió que, por dicha razón, han presentado una serie de denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente, sin obtener respuesta.

En relación a ese punto, el seremi de Vivienda del Biobío, Sebastián Abudoj, explicó que este tipo de infraestructura está prohibida en las ciudades de acuerdo al plan regulador comunal y el plan regional Metropolitano de Concepción, pero cuando la autoridad sanitaria y ambiental lo calificó, no la categorizó como contaminante, peligroso o insalubre, dejándola solo como actividad productiva de acopio molesta. Indicó que por eso se permite su funcionamiento.

Impactos en la pesca

Ante la comisión también expusieron la fiscal Ana María Aldana y el comisario Víctor Casanova de la Brigada de Medio Ambiente de la PDI, quienes investigaron la denuncia de pescadores artesanales en cuanto a que las actividades de Bocamina afectaban su actividad y que determinó que los sesenta años de funcionamiento de dicha industria han generado impactos en la salud de los habitantes, el agua y los recursos marinos de la zona.

Por su parte, Hernán Cortés, del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Codepp), recordó la dura pelea que han dado los pescadores artesanales para lograr demostrar que los impactos medioambientales de Bocamina están a la vista. Además, estimó que faltan estudios para seguir analizando sus efectos.

Finalmente, el alcalde (s) de Coronel, Patricio Rojas, indicó que, pese a ser una necesidad imperiosa, no existe una "política de seguimiento a la salud de los habitantes de Coronel", que por décadas se han enfrentado a la contaminación.

A su vez, insistió que el cierre de Bocamina 1 y 2 debe contemplar un proceso de transición en que ENEL se responsabilice de los efectos que ha tenido la operación de estas termoeléctricas, para luego dar paso a la "restauración ambiental" y recuperación de los espacios dañados de Coronel.

La comisión espera realizar una sesión de audiencias más -si lo autorizan los comités-, para recibir a la Superintendencia de Medio Ambiente y al ministro de Salud, antes de redactar las conclusiones y propuestas de su informe.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados.