Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley para prevenir incendios forestales y rurales

Miércoles 6 de marzo de 2024.- La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que busca reforzar la prevención de incendios forestales y rurales en el territorio nacional, estableciendo nuevos instrumentos y fortaleciendo los ya existentes para reducir el riesgo de ocurrencia de estos siniestros.

El proyecto -ingresado en octubre de 2023 por el Ejecutivo- considera que, de acuerdo a las predicciones climáticas de las próximas décadas, los mega incendios serán cada vez más frecuentes. Por ello, es necesario contar con una estrategia de prevención y de planificación territorial.

Con ese fin, la propuesta fortalece el trabajo preventivo y propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en áreas de amenaza media, alta o crítica en planes reguladores intercomunales o planes seccionales. Asimismo, refuerza los instrumentos de gestión forestal existentes en base a clasificaciones de riesgo de los territorios y una pauta técnica.

Por otra parte, crea zonas de amortiguación forestal (ZAF) de aplicación inmediata en el territorio, cuando no existan instrumentos de planificación territorial o instrumentos de gestión forestal actualizados.

Zona de Amortiguación Forestal

El texto fue discutido en las comisiones de Vivienda y Hacienda, en enero de 2024. En la votación de la Sala -por 72 votos a favor, 70 en contra y 2 abstenciones- se rechazó el criterio de la Comisión de Hacienda de reponer una indicación del Gobierno para modificar las normas de cumplimiento de acciones o medidas en zonas de amortiguación forestal; es decir, respecto a reducir o eliminar la continuidad de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea.

El cambio rechazado establecía que los responsables de implementar dichas acciones son los propietarios de los predios comprendidos en dicha área. El Servicio Nacional Forestal (Sernafor) -que reemplazará a Conaf– podría asistir técnicamente a los propietarios en el proceso de implementación de dichas medidas.

Por otra parte, se complementaban las acciones que adoptará el Servicio ante el incumplimiento de lo señalado anteriormente. Así, tendría la facultad para ejecutar en los predios las acciones preventivas, sin más trámite, por cuenta del mencionado propietario. Para realizar las acciones podría disponer en su resolución el auxilio de la fuerza pública, así como celebrar convenios de cooperación con las municipalidades respectivas para ejercer estas medidas.

Al contrario, la Sala respaldó -con 77 votos a favor, 61 en contra y 5 abstenciones- la postura de la Comisión de Vivienda de incorporar la propuesta parlamentaria que establece que, en caso de daño patrimonial efectivamente causado, el propietario del predio deberá ser indemnizado. El gobierno consideró este punto como inconstitucional.

En otra materia, también se rechazaron las normas del Título II del proyecto relativo a la restauración de áreas siniestradas y sus limitaciones, las cuales proponían limitar el cambio en el uso de suelos de áreas siniestradas por lo menos por 30 años.

Aspectos en debate

El proyecto apunta a prevenir incendios forestales y rurales para lo que establece una serie de principios, definiciones y planes preventivos, así como normas de fiscalización y facultades sancionatorias a cargo del Servicio Nacional Forestal. En ese último punto, se establecen instancias de denuncia por incumplimiento de instrumentos de gestión y rango de sanciones.

El texto legal también considera el acompañamiento de Conaf e Indap a los medianos y pequeños propietarios forestales para ejecutar medidas de mitigación de incendios. Ello, dependiendo del mapa de riesgo por zonas desarrollado por Conaf.

En términos generales, las intervenciones de los parlamentarios lamentaron el mega incendio de la región de Valparaíso y, por lo mismo, reconocieron la necesidad de avanzar en normas que prevengan estos siniestros, además de aumentar las sanciones a quienes los provocan.

Sin embargo, para un grupo de legisladores la ley en discusión no resuelve ninguna de las causas que provocaron el incendio. Sus críticas se centraron en que el proyecto entregaba una responsabilidad a los propietarios de predios que debería estar en manos del Estado. A su juicio, son los municipios con apoyo del gobierno quienes deben encargarse de hacer y mantener los cortafuegos, ya que, de otro modo, se afectará a pequeños propietarios, agricultores y silvicultores.

Asimismo, se criticó que la norma no contiene elementos para prevenir siniestros. Incluso, se señaló que tal como se encuentra podría ser cuestionada en el Tribunal Constitucional por afectar el derecho a la propiedad, como también por impedir el cambio de uso de suelo.

De modo contrario, quienes promovieron y respaldaron el proyecto sostuvieron que no es real que se pretenda una "expropiación encubierta" de terrenos, y aseguraron que sólo se busca terminar con eventuales incentivos para la quema de terrenos donde posteriormente emergen proyectos inmobiliarios.

De igual manera, los parlamentarios que apoyaron la norma reconocen que este proyecto no contiene todos los elementos necesarios para hacer frente a estas crisis, pero aseguraron que es un avance necesario. A su juicio, es urgente que los privados se hagan responsables de hacer y mantener cortafuegos y aseguran que, de haber existido esta normativa antes de los mega incendios de la región de Valparaíso, muchas vidas se podrían haber salvado en esos siniestros.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados