Jueves 6 de mayo de 2021.- La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley de royalty minero y lo despachó a segundo trámite legislativo en el Senado. La iniciativa, impulsada por diputados de oposición, establece una compensación en favor del Estado por la explotación de los recursos minerales —como cobre y litio, entre otros— equivalente al 3% del valor de venta para los productores.
El proyecto ya contaba con la aprobación en general de la sala de la Cámara, el pasado 24 de marzo. En esa ocasión, no obstante, se le derivó nuevamente a las comisiones de Minería y de Hacienda para la definición de su articulado.
Según el cuerpo legal, el royalty será exigible a aquellos productores cuyas ventas anuales excedan el valor equivalente a las 12.000 toneladas métricas de cobre fino. Su objetivo es procurar la incorporación de recursos frescos especialmente dirigidos a sustentar iniciativas de inversión en las regiones en donde se produce la extracción de minerales, junto con adicionar un mayor aporte a las arcas fiscales.
Estos montos deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera. Así, se financiarán proyectos de desarrollo regional y comunal.
Respecto del 75% restante, hubo discrepancias entre las comisiones de Minería y Hacienda. Sin embargo, al momento de las votaciones primó el criterio de Minería, que determina que se destine a financiar iniciativas en las regiones mineras en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad extractiva. De este modo, se dirigirán fondos al desarrollo de infraestructura crítica y digital o para inversión o investigación en universidades estatales.
Otro destino considerado para el royalty minero es aportar al financiamiento de una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de COVID-19.
Por otra parte, un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago, así como cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la ley.
Este marco normativo, asimismo, tendrá que regular la operatividad y distribución del Fondo de Convergencia Regional, junto con la manera en que se priorizarán los proyectos favorecidos con esos recursos.
SONAMI: “No tener más minería en Chile”
El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, lamentó la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el proyecto de ley de royalty minero. “Es una noticia muy negativa para este sector productivo, por cuanto en un tema de tanta importancia para Chile ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado”, sostuvo el dirigente gremial.
Con respecto al efecto que podría tener la aplicación de este nuevo impuesto, Hernández dijo que en la práctica su implementación significaría “no tener más minería en Chile”.
Además, el directivo de SONAMI advirtió que, como ya están dando cuenta bancos de inversión y medios de comunicación especializados internacionales, “este impuesto desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria en un momento clave que vive nuestro país, especialmente en el periodo de recuperación económica post pandemia, en el que la minería estaba llamada a jugar un rol fundamental e insustituible”.
En su declaración, Diego Hernández reiteró que este nivel de impuestos para una industria clave en el desarrollo económico y social del país, “va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir”.
En cuanto a la tramitación de la iniciativa en el Senado, el presidente del gremio minero llamó a los senadores a actuar mirando el interés nacional, ponderando en su futura decisión que “aquí se juega el destino de una industria que, a vía de ejemplo, en los últimos quince años ha realizado un aporte relevante a la economía y desarrollo nacional, generando el 13% del PIB que registró Chile, el que se eleva a más del 20% considerando los efectos inducidos; además, junto con el 20% de la inversión total, el 60% de las exportaciones y el 14% de la totalidad de los ingresos fiscales”.