Jueves 14 de enero de 2021.- La Tercera Sala de la Corte Suprema, de forma unánime, acogió un recurso contra la continuidad operacional de la mina de cobre Cerro Colorado, de propiedad de BHP y emplazada en la Región de Tarapacá, por su impacto en un acuífero, lo que ha perjudicado gravemente a comunidades indígenas de la zona.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que en la evaluación del proyecto aprobado, incluso por el Comité de Ministros, faltó analizar variables ambientales y las observaciones de los pobladores.
"Se acoge la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, en contra de la Resolución Exenta N°1317/2016 de 12 de noviembre de 2016, emitida por el Comité de Ministros", sentencia el fallo.
La Corte explicó que en su revisión "la autoridad ambiental deberá tener en consideración todas las variables que incidan sobre el comportamiento a futuro de los recursos naturales en estudio, así como también todos aquellos factores que resulten procedentes conforme a la normativa".
El abogado de los indígenas, Lorenzo Soto, declaró a la agencia Reuters que además de ratificarse la anulación parcial del permiso que había otorgado una corte ambiental, la Suprema indica que "se deben considerar las observaciones que fueron realizadas por las comunidades y desestimadas en la tramitación del proyecto".
"El permiso ambiental de Cerro Colorado se anula desde la fase de participación ciudadana y, por consiguiente, habiéndose anulado el permiso para operar, la empresa debe paralizar", aseguró Soto.