Diputados aprueban prohibir tránsito vehicular en playas, dunas y humedales costeros

Martes 2 de abril de 2024.- La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas y terrenos de playas, así como en las dunas y humedales costeros del territorio nacional. Con ello, la regulación que busca proteger la biodiversidad y morfología del borde costero, quedó en condiciones de ser analizada por el Senado.

Las y los legisladores relevaron la importancia de resguardar las especies que habitan en estas zonas y plantearon la necesidad contar con una fiscalización eficiente para que la norma no sea letra muerta.

La prohibición de tránsito no se aplicaría a los caminos públicos, rurales o urbanos, que sean parte en cualquier proporción de una playa, terrenos de playa o dunas costeras. Asimismo, se exceptúa la circulación en el borde costero de vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, mantención, aseo u otras actividades debidamente autorizadas.

La fiscalización de esta ley corresponderá a la autoridad marítima, a Carabineros y a las municipalidades, según sus respectivas competencias.

El proyecto en trámite establece que los organismos fiscalizadores deberán denunciar las infracciones al juzgado de policía local correspondiente. Dichas infracciones serán sancionadas con una multa de cinco unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras responsabilidades que corresponda de acuerdo a la ley. En caso de reincidencia, el costo de la multa aumentará al doble.

Bolsas plásticas

En otra materia, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja recibió a representantes de la empresa de bolsas reutilizables, Unibag, y de la Asociación de Consumidores Sustentables Chile Circular, quienes pidieron más precisión en la ley 21.100, que desde 2018 prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, para se cumpla de manera efectiva el objetivo de cuidar el medio ambiente.

En tal sentido, Eliana Moreno, fundadora de Unibag, sostuvo que existe un problema de interpretación en la ley, ya que su definición es confusa y no existe un reglamento que precise, entre otras cosas, los materiales para la fabricación de las bolsas. Al respecto indicó que se prohíben bolsas plásticas que contengan polímeros derivados de petróleo, sin embargo, "hoy se comercializan bolsas con polímeros que demoran 400 años en degradarse y que tienen siete veces más peso que las anteriores". Añadió que solo se considera el origen de la materia prima, no importando que sea compostable o el fin de vida que tienen.

Por otra parte, Moreno comentó que no existe fiscalización ni supervisión del cumplimiento de la norma por parte de los municipios, que son los encargados de esta tarea. Y tampoco se exige certificación ni etiquetado de las bolsas, que indiquen su contenido.

Además, solicitó extender la prohibición de entrega de bolsas plásticas en supermercados, a la venta de éstas en su interior. Y que exista mayor sinergia de la norma con la ley de plásticos de un solo uso, para regular los embalajes plásticos del comercio electrónico, ya que, actualmente, son embalajes compostables que contienen petróleo.

A su vez, Carola Mora, presidenta de la Asociación de Consumidores Sustentables Chile Circular, advirtió que existe un vacío legal respecto a los derechos y deberes de los consumidores. Agregó que no existe información oportuna para las y los ciudadanos sobre la composición de las bolsas, lo que impide la fiscalización ciudadana respecto a publicidad engañosa o lavado verde de imagen.

La dirigente aseguró que esta opinión es compartida por representantes de Fundación Basura, por Plastic Oceans Chile y el presidente del Comité Ambiental Comunal de Providencia. Al respecto, lamentó que se utilicen materias primas dañinas para el medio ambiente, y el hecho que se mantenga el uso de bolsas plásticas y más gruesas. Frente a eso, Mora solicitó hacer ajustes para contar con una normativa ambiental clara que permita a los municipios fiscalizar con más certeza.

Sobre el punto, las y los diputados se manifestaron abiertos a revisar y generar una ley interpretativa o modificación de la norma actual, que incluya un reglamento y sanciones para los fiscalizadores que no cumplen con su labor, con miras a lograr un efectivo cuidado del medio ambiente.

Degradación de bosque nativo 

Por otra parte, representantes de la Comunidad Mapuche Williche Cacique Pairo de Apeche, ubicada entre las rutas de Queilen y Quellón, en el Archipiélago de Chiloé, denunciaron ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja la degradación del bosque nativo.

Miguel Rauque, werken o mensajero de la comunidad, dijo que existe un ecocidio por la apertura de caminos en el sitio fiscal con maquinaria del municipio de Queilen. Según afirmó, esta situación ha producido tráfico y robo de madera, la instalación de campamentos y salida constante de camiones. Por otra parte, dichas rutas se encuentran cerradas con candados, lo que impide la fiscalización del SAG.

Además, afirmó que proliferan loteos irregulares y contaminación de fuentes de agua, en la laguna Malleco, Lago Lepue y en sector Popetan. Frente a ello, Rauque solicitó la intervención del Estado para detener la depredación y contaminación de un territorio ancestral, que se ha visto afectado por la presencia inmobiliaria.

Ante lo expuesto, la Comisión parlamentaria acordó enviar oficios al Ministerio de Bienes Nacionales; a la Conaf, por la explotación de madera; al SAG, por la fiscalización del lugar; y al municipio de Queilen.