Ministerio prepara reforma para reforzar fiscalización y aumentar cumplimiento ambiental

Lunes 10 de abril de 2023.- Dotar de más herramientas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para fortalecer su rol fiscalizador y asegurar el cumplimiento por parte de los regulados. Ese es el objetivo del proyecto de ley corta que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) prepara para presentar al Congreso durante el primer semestre de este año.

En declaraciones al diario El Mercurio, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que el Gobierno busca que la SMA "ayude a que las empresas aumenten el cumplimiento ambiental, más que ser una institución que saque multas".

En ese marco, la reforma tendrá tres ejes: generar más incentivos al cumplimiento, aumentar la eficiencia y eficacia de la fiscalización y de las sanciones, y descentralizar las decisiones del servicio.

De esta manera, se está trabajando en cambios como los siguientes:

-Establecer procedimientos simplificados para adoptar medidas correctivas inmediatas en casos menos graves y agilizar las respuestas ante denuncias.

-Otorgar facultades a las oficinas regionales para que puedan resolver sanciones administrativas de menor cuantía.

-Definir plazos para presentar planes de cumplimiento por parte de los regulados que han cometido alguna infracción ambiental.

-Establecer plazos y simplificar los requisitos para la autodenuncia de los regulados en caso de incumplimiento, limitando además su uso cuando ya exista una investigación de la SMA en curso.

-Ante los casos de daño ambiental, incentivar la implementación de planes de reparación mediante mecanismos como la rebaja de multas.

Reforma al SEIA

En la mencionada publicación, la ministra Maisa Rojas también indicó que están trabajando en cambios a la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, para mejorar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el proceso de tramitación de los proyectos de inversión.

Esta reforma se ingresaría en el segundo semestre de este año, a través de una o más iniciativas de ley, que la autoridad espera que tengan el mayor diálogo y consenso previo posible para facilitar su tramitación legislativa. Entre las modificaciones que se incluirían están la eliminación del Comité de Ministros para despolitizar las decisiones en torno a los proyectos de inversión, y la participación ciudadana temprana para reducir la conflictividad socioambiental.