Ministros aprueban Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú

Lunes 15 de abril de 2024.- Un paso trascendental para profundizar la democracia ambiental en el país se dio este lunes con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), instrumento creado participativamente para avanzar de manera progresiva y continua en mejorar los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este plan permitirá avanzar en la implementación en el país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Este es un tratado internacional que tiene como objetivo principal garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del PIPE, asegurando que "este plan es transversal. Se construyó a través de un proceso participativo en el que se incluyó la opinión de las personas y también de 25 servicios públicos, comprometiéndose a más de 230 medidas que se deberán realizar de aquí a 2030, que lo que buscan es fortalecer la democracia".

En tanto, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, destacó también el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que su cartera presentó, una herramienta que servirá también en la implementación del Acuerdo de Escazú. "El Consejo de Ministros tomó conocimiento de la aprobación de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que aprobó el 4 de abril el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, que es un protocolo firmado por todas las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal, para aquellas personas que dedican sus acciones a la defensa y promoción de los derechos humanos y para que éstas puedan ser ejercidas en entornos seguros, libres de violencia".

"Nuestro país promueve activamente los principios del Acuerdo de Escazú. Como defensor de los derechos humanos y del multilateralismo, se trata de un importante instrumento para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar los desafíos medioambientales de manera inclusiva y sostenible, además de reafirmar nuestro compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Los problemas regionales y globales debemos enfrentarlos en conjunto con otros países, buscando los acuerdos internacionales que nos permitan lograr una sociedad más justa, inclusiva y sostenible", señaló la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación.

Sus pilares

Los puntos anteriores coinciden con los principales pilares del Acuerdo de Escazú.

Primero, el pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

Segundo, la participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.

Tercero, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.

Cuarto, sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. De esta manera se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Quinto, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.