Lunes 22 de abril de 2024.- El Presidente de la República, Gabriel Boric, reiteró el compromiso de Chile con la democracia ambiental, los derechos humanos y la defensa de las personas y grupos que promueven la protección del medio ambiente, durante la jornada inaugural de la tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú que busca consagrar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En ese marco, el Mandatario también instó a los participantes de la reunión –que se desarrollará hasta este miércoles en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago– a aprobar el Plan de Acción sobre Defensores Ambientales impulsado por nuestro país.
"Hoy, quienes más sufren los impactos de la triple crisis planetaria, cambio climático, contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad, son a la vez quienes están más lejos de la toma de decisiones. Por eso tenemos la convicción de que Escazú es una oportunidad para avanzar en el acceso a la información, para tener mayor participación pública y coordinación entre el estado y la sociedad civil", indicó.
"Esto permite robustecer nuestra democracia (...) Defender el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano es una causa que nos debiera convocar a todos. De ello depende de que podamos disfrutar del resto de nuestros derechos", agregó Boric.
Luego el Jefe de Estado recalcó la importancia de la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores Ambientales, promovido por Chile junto a Ecuador y San Cristóbal y Nieves, que se discutirá en esta COP. "Tenemos la convicción que este plan de acción nos va a permitir conocer mejor el rol de las y los defensores ambientales, sus derechos y realidades, para reconocer y valorar públicamente su valor", señaló.
En el marco de este encuentro internacional, tendrán lugar otras sesiones especiales y reuniones relacionadas que celebrarán el Día Internacional de la Madre Tierra y abordarán distintos aspectos sobre generación de información ambiental, participación pública en procesos de evaluación ambiental, acceso a la justicia y transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, entre otros. Además, se realizará la cuarta sesión del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y cuenta con 15 Estados Partes: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El programa completo de la COP 3 del Acuerdo de Escazú se puede revisar aquí.
Implementación participativa
Cabe recordar que, en la antesala de esta reunión regional, en nuestro país se aprobó el Plan Nacional de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú, el cual incluye 56 acciones generales y 236 medidas específicas que deben realizarse de aquí a 2030.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró que esta iniciativa "fue construida de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia. Es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que, pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación".
Según indican las autoridades, más de 1.700 personas participaron de la construcción de este plan, entre ellas, niñas, niños y adolescentes de Arica, Concón, Quintero, Puchuncaví y Punta Arenas. Este plan propone mejoras en el acceso a la información para las personas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes; la participación en etapas tempranas para la elaboración de políticas y regulación ambiental; la capacitación tanto de la sociedad civil como de los funcionarios sobre los derechos de acceso y herramientas ambientales, entre otros.
Además, incluye la aplicación del primer Protocolo de Chile sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este Protocolo busca que las y los defensores se desempeñen en un entorno seguro, y para ello establece medidas de articulación entre las instituciones.