Lunes 29 de julio de 2024.- Reducir a un máximo de 25% las Aguas No Facturadas (ANF) en el país es la meta a la que se comprometieron las empresas sanitarias chilenas con la Superintendencia del sector (SiSS). Para eso, firmaron una denominada "hoja de ruta" a través de la cual se comprometen a implementar diversas acciones enfocadas en alcanzar este objetivo de eficiencia.
El acuerdo fue suscrito por el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, junto con la presidenta de la Asociación de Empresas Sanitarias (Andess), Lorena Schmitt; el gerente general de Aguas San Pedro S.A., Juan José Insunza; el gerente general de Coopagua Santo Domingo, Juan Pablo Esturillo; el gerente general de Melipilla Norte, Jorge Mendoza; la gerenta general de Servicios Sanitarios Larapinta, Giovanna Carreras; y el director del Servicio Municipal de Agua Potable de Maipú (SMAPA), Felipe Neira.
Para la SiSS, este es un paso fundamental y necesario que establecerá un desafío concreto sobre el sistema sanitario chileno, para ser más eficientes y responsables como conjunto, enfrentando así las exigencias que imponen la sequía y al cambio climático.
La primera etapa del convenio implicará un compromiso para nivelar, en primer lugar, a las empresas que hoy presentan la mayor cantidad de ANF o pérdidas en sus redes, estableciendo que ningún sistema de agua potable urbano del país tenga más de un 40% de ANF en 2033; y reducir en un 12% los índices actuales de ANF en sistemas "priorizados" y que corresponden a los sistemas que han sido afectados en los últimos años en sus fuentes de agua potable por la crisis hídrica que afecta al país. Junto con esto, se establece una meta Intermedia de un 29% de ANF promedio país al año 2033.
Para lograr estos objetivos se conformará una mesa técnica que trabajará de manera permanente, articulando a la SiSS y a las empresas en el análisis, estudio, metodologías y planificación de los trabajos concretos en temáticas que requieren de mejores estándares y definiciones, como materiales de redes de agua potable y arranques, medición, campamentos y tomas, financiamiento, entre otros temas.
Las empresas, mediante el acuerdo firmado, se comprometen a presentar planes anuales para reducir los índices de ANF, los que se incorporarán en sus planes de desarrollo y serán fiscalizables por la Superintendencia, siendo sancionables si existieren incumplimientos.