Vía Cámara de Diputados ingresa proyecto que permitirá el cierre de la Fundición Ventanas

Martes 9 de agosto de 2022.- El Gobierno ingresó este martes, vía Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley que busca viabilizar el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco y mantener operativa la refinería.

Como justificación, el mensaje presidencial plantea que aunque "la Fundición Ventanas ha aumentado significativamente la capacidad de captura de gases, llegando al 95,6%, sus emisiones de dióxido de azufre son cercanas a las 10.000 toneladas anuales y representan más del 60% del total de emisiones de ese contaminante en el polo industrial, lo que genera, a pesar del cumplimiento de la normativa ambiental, que la División Ventanas sea identificada como una de las principales industrias contaminantes de la zona. Esto se ha traducido en una vinculación por parte de la opinión pública, de la operación de esta industria con los incidentes o crisis ambientales, con alto costos reputacionales y de imagen para la principal empresa estatal del país y productor número uno de cobre en el mundo".

Agrega al respecto que "los espacios remanentes de mejora que admite la actual tecnología y equipos de la Fundición son marginales, y requieren de importantes inversiones que no permiten alcanzar estándares internacionalmente exigidos. Es por ello que ni siquiera una cuantiosa inversión garantizaría el cumplimiento de las metas de captura de emisiones equivalentes a las mejores tecnologías disponibles para la industria de fundición a nivel mundial, ni evitaría nuevos episodios de emergencia, debido a la crisis socioambiental del polo industrial y las condiciones atmosféricas de esta zona saturada".

La iniciativa legal, que comenzará a tramitarse con "suma urgencia", busca modificar la Ley 19.993 para permitir que el tratamiento de los "productos de la pequeña y mediana minería de Enami" pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la Fundición Ventanas, tras registrarse una serie de episodios de contaminación e intoxicación en la zona.

En esa línea, y tras anunciarse el cierre de la instalación el pasado 17 de junio, la propuesta establece que en la refinería "se mantienen la capacidad de recepción de dichos productos en la División Ventanas, el mandato legal a Codelco y Enami de celebrar acuerdos a precios de mercado por los servicios que la primera presta a la segunda, y la facultad de acordar diferentes modalidades para el procesamiento de los productos".

Asimismo, "se garantiza la materia prima y flujo de materiales necesario para el funcionamiento de la Refinería Ventanas mientras perduren sus autorizaciones para operar, lo que permite la continuidad operacional de la División. De este modo, la modificación que se propone permitirá mayor flexibilidad para fundir en instalaciones distintas los productos que se enviaban a Fundición Ventanas, de acuerdo a las modalidades que acuerden las partes", indica.

Añade que "con ello se habilitará la realización de un proceso de reconversión productiva, participativo y equitativo, mediante una transición justa en que se resguarden los derechos de los trabajadores y los intereses de la comunidad, logrando conciliar el desarrollo de la División Ventanas a través de su Refinería, industria que aporta enorme valor a la minería estatal, con los desafíos que impone el contexto socioambiental de la zona", continúa.

Sobre el futuro de los funcionarios, el documento ingresado por el Ejecutivo señala que el proceso de cierre incluye un diálogo durante la reconversión con los trabajadores y trabajadoras, mesas de trabajo y la colaboración con los representantes sindicales de cada sector.

En concreto, se pretende diseñar un plan laboral "que asegure la reubicación de los 349 trabajadores de la Fundición Ventanas en otras faenas de Codelco, asumiendo esta empresa un especial compromiso con el resguardo de dichos trabajadores, con el fin de que no sufran los cambios de esta reconversión".

Dada la urgencia con la que fue presentada la iniciativa, la Cámara de Diputados tendrá un plazo de quince días para despachar el proyecto al Senado.