30 años de la Ley 19.300: autoridades llaman a seguir fortaleciendo la institucionalidad ambiental

Jueves 28 de marzo de 2024.- Chile se enfrenta a una serie de crisis ambientales interconectadas, las cuales producen efectos adversos en la calidad de vida tanto de los seres humanos como del ecosistema en su conjunto. En este contexto, es necesario que el país avance en la discusión de los proyectos de ley que buscan fortalecer la institucionalidad ambiental establecida originalmente en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ese fue parte de los desafíos que las principales autoridades del sector plantearon hoy en un seminario que conmemoró los 30 años de dicho cuerpo legal, publicado en marzo de 1994.

El encuentro realizado en el salón de honor de la Universidad de Chile sirvió para reflexionar sobre los hitos y avances en las últimas tres décadas, al amparo de la Ley 19.300, así como para analizar los principales retos que se deben abordar desde la vereda institucional con el objetivo de hacer frente a la triple crisis ambiental generada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En relación a esto último, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que esta problemática "se ha profundizado durante los últimos años y es tarea de la institucionalidad ambiental adaptarse y saber responder a esas nuevas amenazas y fortalecerse. Tenemos un futuro muy desafiante por delante". En ese contexto, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en el debate de la propuesta de reforma a la Ley 19.300 con la que el Gobierno busca robustecer la institucionalidad ambiental. Y de manera más específica señaló: "Hay que seguir instaurando normas, ya que son éstas las que nos han permitido disminuir la contaminación. Hay varias en aire, tenemos menos en agua, y no tenemos para suelo".

La secretaria de Estado añadió: "Estamos en una crisis con una degradación medioambiental importante en la cual actuamos siempre de manera reactiva. El desafío es pensar de manera proactiva, poder anticiparse para evitar que lleguemos a ciertos niveles de degradación medioambiental, o revertirlos".

A su vez, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, puso énfasis en la importancia de reforzar las herramientas de fiscalización y fomento al cumplimiento de las normas ambientales por parte de los sujetos regulados, materias que son parte de otro proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso. "El país enfrenta nuevos desafíos que hacen urgente la necesidad de contar con instituciones más robustecidas y con todas las herramientas para hacerse cargo. Lo que es claro es que tenemos que seguir contribuyendo a la protección ambiental, siendo el cumplimiento ambiental un eje fundamental para ello. Aún hay mucho por hacer", expresó.

Desde el mundo empresarial, Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, sostuvo que los desafíos a enfrentar a futuro son "seguir con el diálogo regulatorio, que las industrias tengan siempre las puertas abiertas en el sector público, y que las autoridades nos escuchen con nuestras propuestas de solución".

Por su parte, Ximena Insunza, abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, planteó que "somos un país extractivo, hacemos uso intensivo de nuestros recursos naturales, y no nos hemos puesto de acuerdo en políticas sobre el uso de los recursos naturales en los próximos 30 años. No hemos dado solución a un problema de fondo, lo hemos intentado, pero a través de mejoras que no se pueden soslayar, intentando abordar tangencialmente ese problema. El desafío es pensar en cómo va a ser el desarrollo de Chile considerando la protección ambiental".

Reforma a la Ley 19.300

Uno de los principales temas abordados durante la jornada fue la reforma a la Ley 19.300 propuesta por el Gobierno, la cual incluye, entre otros aspectos, la disminución del componente político en la tramitación de proyectos de inversión, al eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental; el establecimiento de un procedimiento voluntario de diálogo temprano de los titulares de proyectos con las comunidades; y la ampliación de los espacios de participación ciudadana.

Al respecto, la ministra Rojas expuso: "La reforma tiene tres pilares: fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental, participación y certezas, y reducción de tiempos y de plazos. Yo creo que los tres pilares son importantes para poder cumplir ese objetivo. A esto se le suma entregarle la rectoría técnica al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y avanzar con otros instrumentos de ordenamiento territorial. Espero que esto nos pueda ayudar a disminuir la conflictividad y dejar que el Servicio cumpla con su rol de evaluación de los impactos, pero que no trate de resolver todos los problemas ambientales en un territorio".

Camilo Charme, por su parte, indicó que para el sector privado es importante contar con certezas y predictibilidad en la evaluación ambiental y que esos procesos "sean transparentes, informados y oportunos". Añadió que es relevante fortalecer instituciones como el SEA que debería contar con más recursos "para tener equipos especializados para poder realizar jurisprudencia, doctrina, y evaluaciones más óptimas".

Avances en 30 años

El seminario contó con la asistencia de parlamentarios, representantes de gremios empresariales, sociedad civil, académicos, funcionarias y funcionarios que han formado parte de la institucionalidad ambiental desde su génesis, con la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en 1994, bajo el mandato del expresidente Patricio Aylwin.

Sobre ese escenario, la ministra Rojas indicó: "Es emocionante ser testigo directo de cómo nuestra institucionalidad se ha robustecido y se ha adecuado a las exigencias ambientales de nuestro país y del planeta. Eso ha requerido el esfuerzo y dedicación de muchos funcionarios y funcionarias, a quienes agradecemos su enorme labor durante todos estos años".

Durante la jornada se relevaron también los principales avances que se han logrado en los últimos 30 años con el impulso de la publicación de la Ley 19.300, tales como la creación e implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la generación de espacios crecientes para la participación ciudadana, el funcionamiento de diversas herramientas para la fiscalización ambiental, la creación de planes de descontaminación ambiental, la dictación de diversas normas de emisión y calidad, entre otros.

En este sentido, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó que "la Ley 19.300 fue pionera en establecer la participación ciudadana como un elemento necesario a la hora de definir políticas públicas y hacer gestión ambiental". Así, agregó que "se estableció que los proyectos deben someterse al SEIA previo a su construcción, evaluando sus impactos en todas sus fases, desde la construcción y operación, hasta el cierre, con la premisa de que los costos ambientales no deben transferirse a la sociedad, sino que deben ser asumidos por los titulares de los proyectos".

"Esta perspectiva preventiva en aplicación del principio 'contaminador pagador' ha sido clave para mitigar impactos ambientales negativos. Sin duda, aún existen grandes desafíos a partir de esta primera ley ambiental que hoy cumple 30 años, pero sólo a través de un compromiso continuo y acciones concertadas de todos los actores involucrados, Chile podrá avanzar hacia un futuro más sostenible", concluyó.