Martes 26 de marzo de 2024.- Ochenta y siete establecimientos industriales –que incluyen 803 fuentes estacionarias– deberán pagar este año el denominado "impuesto verde", toda vez que superaron las 100 toneladas anuales de material particulado (MP) y/o las 25.000 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2), según el reporte de emisiones de 2023.
Así lo señala el listado publicado hoy por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el cual detalla que esa cifra corresponde al 67% de todos los establecimientos (129) que tienen la obligación de reportar sus emisiones, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el año 2022.
Desde la autoridad destacaron que este nuevo impuesto aumentó de forma significativa el número de fuentes emisoras con la obligación de reportar los parámetros necesarios para cuantificar sus emisiones y así determinar, por parte de la SMA, si está afecto o no al gravamen que va a beneficio fiscal. Así, se pasó de 87 establecimientos, equivalentes a 313 fuentes (calderas y turbinas) en 2022, a 129 establecimientos equivalentes a 1.121 fuentes (incluyendo procesos con combustión), durante 2023.
Este hito se enmarca en las obligaciones establecidas en la Ley 20.780, modificada por la Ley 21.210 y su respectivo reglamento establecido en el D.S. N° 63/2022 Ministerio del Medio Ambiente. Además, en las reglas instruidas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de su Resolución Exenta N° 585/2023, donde se establecen las directrices técnicas para el monitoreo, reporte y verificación de los parámetros necesarios para la cuantificación de las emisiones.
Para esto, y con el objetivo de facilitar el proceso, la SMA implementó el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), el cual contiene un catastro detallado de las fuentes y sus características técnicas, módulos para el reporte de la información y la visualización de las emisiones cuantificadas, para cada encargado de establecimiento.
La información será reportada al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales establecidos, conforme a los resultados obtenidos por la Superintendencia del reporte de monitoreo de emisiones desarrollado para el año 2023, por los titulares potencialmente afectos al pago del impuesto verde.