Cámara Baja despachó proyecto sobre permisología y aprobó informe por mega incendio en Valparaíso

Miércoles 2 de octubre de 2024.- La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que busca agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos. La iniciativa, también conocida como de "permisología", pretende lograr dichos objetivos sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas.

Según lo proyectado por el Ejecutivo, los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión se reducirán en, al menos, un 30% en promedio. Igualmente, se espera un aumento directo en el PIB, derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.

La propuesta –que ahora será revisada por el Senado– configura un nuevo sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones. Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector.

De manera específica, se genera un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial a cargo de un servicio público de igual nombre que, además, velará por el progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial. Asimismo, se crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super), herramienta electrónica que será administrado por el mencionado Servicio.

La iniciativa también avanza en una "organización de autorizaciones en tipologías" y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas. Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. Paralelamente, se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.

Respaldo a informe sobre mega incendio

Por otra parte, la Sala de la Cámara Baja también respaldó el informe de la comisión investigadora sobre el mega incendio registrado en la región de Valparaíso, a comienzos de febrero de este año, el cual determinó graves negligencias por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), errores en la gestión de Senapred, la delegación presidencial regional y municipios.

La instancia tuvo como mandato fiscalizar los actos de diversos organismos, servicios públicos y la delegación presidencial de Valparaíso, entre los años 2023 y 2024, sobre las instrucciones impartidas y recomendaciones efectuadas para la elaboración de planes comunales de emergencia y evacuación, así como de prevención y combate de incendios forestales y su cumplimiento oportuno por parte de las municipalidades, especialmente durante el siniestro que dejó 136 personas fallecidas.

El reporte consigna que hubo negligencias graves e inexcusables por parte de la Conaf, en la preparación, planificación y operatividad del combate del incendio forestal, como también en subestimar el comportamiento del incendio en condiciones meteorológicas extremadamente adversas y previamente conocidas. Añade que algunos de estos errores podrían constituir delitos, como la falta de monitoreo aéreo del avance del siniestro después de las 15:50 horas del 2 de febrero, no haber interpretado la gravedad del cambio de dirección hacia Viña del Mar, y la postergación de la entrega de información cuando se tomó conocimiento de que el fuego estaba a 1 km de Pompeya Sur, para iniciar los procesos de evacuación.

El documento advierte también que, en el contexto de la Alerta Temprana Preventiva, no era lo idóneo que la máxima autoridad de mando del Plan Regional de Emergencia (la delegada presidencial) no estuviera disponible, siendo subrogada por una Seremi. No obstante, se reconoce que una vez enterada de la magnitud de la emergencia, retornó a sus funciones.

En relación a Senapred, en tanto, se afirma que los instrumentos nacionales y regionales de respuesta ante emergencias carecen de información práctica y concreta para tomar decisiones y coordinar los procesos de evacuación.

El informe de la investigación sobre el incendio indica que la comisión pudo constatar, luego de cotejar la información proporcionada por las autoridades de gobierno, la de bomberos de Chile y los testimonios de las víctimas, que las alertas SAE se evacuaron al menos 20 minutos después de que el fuego ya había alcanzado numerosas viviendas en algunos sectores de las comunas de Quilpué y Viña del Mar. Por lo tanto, se puede concluir que dichas alertas no tuvieron ninguna utilidad para los vecinos.

El reporte también concluye que el Plan Comunal de Emergencias del municipio de Viña del Mar tenía falencias sobre los roles, funciones y coordinación en el proceso de evacuación. Agrega que falta fortalecer el modelo de Plan Comunal de Emergencias de Senapred, así como los Planes Comunales de Emergencias de los demás municipios revisados, en cuanto a la descripción del proceso mismo de evacuación como son la utilización de perifoneo y sirenas de emergencia en las zonas a evacuar. Además, de las acciones que se deben adoptar en caso de oposición por parte de personas que deban ser evacuadas.

Finalmente, también se concluye que "hay cierto grado de certeza en que no se realizaron todas las obras de mitigación tanto por entidades públicas en terrenos fiscales como de privados en sus propiedades" para prevenir incendios. Y, que aunque la realización de cortafuegos no hubiera evitado la propagación del siniestro forestal, sí podría haber disminuido el material inflamable.

La comisión acordó remitir el informe al Ministerio Público. Esto en atención a las responsabilidades que le asisten a Conaf y otros organismos.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados.