Martes 22 de marzo de 2022.- Este lunes, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció un paquete de nueve proyectos de ley a los que el Ejecutivo dará suma urgencia para su tramitación legislativa. Dentro de ese grupo, el que acaparó la atención mediática fue sin duda la iniciativa de Amnistía General a los presos del estallido social.
Asimismo, el secretario de Estado precisó que el gobierno acelerará dos iniciativas en materia de protección del medio ambiente, que son el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú y el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La firma del mensaje presidencial para la aprobación del Acuerdo de Escazú se realizó el viernes 18 de marzo y correspondió al cumplimiento de una promesa de campaña del programa de Gabriel Boric.
Este compromiso busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano.
Por otra parte, la implementación del SBAP es una aspiración largamente esperada, ya que se trata del organismo que falta por constituirse en el marco de la nueva institucionalidad ambiental.
Esta iniciativa, que lleva 11 años en el Congreso, tiene como propósito crear un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad en el país —integrando todas las atribuciones y responsabilidades en un solo organismo— y cuyo principal instrumento será la administración de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El SNAP, a su vez, estará conformado por todas las áreas protegidas existentes en Chile, con el objetivo de fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado.
En marzo de 2011, ingresó al Congreso el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (boletín N° 7.487-12). Posteriormente, en junio de 2014, se presentó un nuevo texto (boletín N° 9.404-12), que fue aprobado por las comisiones de Medio Ambiente, en octubre de 2017; de Hacienda, en enero de 2019, y por la Sala del Senado, en julio de 2019.
Durante su tramitación, un hito relevante fue la realización en 2016 de un proceso de consulta indígena a nivel nacional, que duró 11 meses y permitió importantes acuerdos que se recogieron en el actual texto.
Actualmente, el proyecto cumple su segundo trámite constitucional y se encuentra en su discusión en particular.
La creación del SBAP ha sido un compromiso transversal, presente en los últimos tres gobiernos. En el programa de Gabriel Boric, en tanto, se establecía un impulso para que su implementación tuviera una tramitación expedita.