Denuncian irregularidades y nulo avance en PRAS de Quintero-Puchuncaví

Martes 28 de septiembre de 2021.- En 2014, comenzó a implementarse el Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para Quintero y Puchuncaví. Así, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet se puso en marcha este instrumento de gestión, con miras a remediar de manera definitiva el fuerte deterioro que la histórica contaminación industrial ha generado en el entorno natural y la calidad de vida de ambas comunas.

A partir de entonces, sin embargo, el PRAS ha sido cuestionado en más de una ocasión por sectores que estiman que su ejecución no ha estado a la altura de las necesidades de la llamada “zona de sacrificio” emplazada en el litoral de la región de Valparaíso.

En ese marco, representantes de Escazú Ahora Chile advierten que este programa ha ejecutado una ínfima parte de su presupuesto poniendo más énfasis en publicidad que en actividades de remediación. Así se señala en una minuta suscrita por el coordinador de dicha campaña, Sebastián Benfeld, y la abogada Josefina Correa, y dada a conocer por el medio digital Interferencia.

De acuerdo con los denunciantes, la primera irregularidad se dio “cuando el Estado decide iniciar el proceso de elaboración de los planes contratando arbitrariamente para ello, sin un proceso licitatorio previo, a la Fundación Chile (FCh), corporación ligada a algunas de las principales industrias causantes de la contaminación precisamente en aquellas zonas donde se debían implementar estos planes”.

Esta entidad —indica la minuta— llevó a cabo un proceso participativo de formulación del plan, que tras dos años de trabajo fue presentado al Ministerio del Medio Ambiente. El texto final proponía 25 objetivos y 123 soluciones para remediar el daño ambiental existente en Quintero y Puchuncaví, incluyendo la participación de organismos del Estado, empresas, gobiernos locales y la sociedad civil. Para su ejecución, demandaba una inversión superior a los 600 millones de dólares.

“Una vez terminada la elaboración del mismo, y de forma previa a que éste comenzará a ponerse en marcha, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Subsecretaría de Medio Ambiente para verificar que el programa efectivamente se estuviera llevando a cabo de manera correcta (…) En este contexto, la Contraloría develó que la Subsecretaría del Medio Ambiente ya había pagado a Fundación Chile $35.000.000 por la realización de una ‘Evaluación Ambiental y/o Social para la Implementación de Planes de Recuperación de Territorios de las Comunas de Quintero-Puchuncaví, Huasco y Coronel’, sin haber recibido el programa terminado”, señala el documento.

Inversión 

Benfeld y Correa recuerdan, asimismo, que en 2018 el Estado destinó una inversión inicial de más de 284 millones para poner en marcha el PRAS y encargó su ejecución a la Subsecretaría del Medio Ambiente. ”Pero habiendo pasado cuatro años de aquello, éste ha tenido un efecto casi nulo sobre el estándar de vida de la población, siendo las 123 soluciones que proponía en un comienzo imperceptibles por sus supuestos beneficiarios y además incapaces de garantizar su seguimiento para asegurar que efectivamente las medidas se estén llevando a cabo”, advierten.

A juicio de los denunciantes, “Fundación Chile no tan solo hizo mal su trabajo, sino que sorprendentemente también tomó la decisión de invertir más recursos en publicitar la implementación del programa que en ejecutarlo, de forma que en su primer año de ejecución la Subsecretaría transparenta haber destinado $36.016.000 a la realización de un plan comunicacional que parece tener como único producto hasta el momento la impresión de folletos para dar a conocer la iniciativa y su publicación en el Diario Oficial, a lo que se suma una asesoría comunicacional para estos mismos fines del orden de los $50.000.000, lo que nos da un total de 86 millones de pesos que fueron gastados únicamente en la difusión de los compromisos que supuestamente asumiría el Plan de Descontaminación Ventanas”,

Asimismo, el documento cuestiona la “velocidad” en que la Subsecretaría planea implementar las medidas del PRAS estos planes: “Actualmente, la Subsecretaría está gastando solo el 0.071% del presupuesto total cada año y a ese ritmo el plan solo terminaría de implementarse por completo luego de 1.400 años de ejecución”.

En la opinión de Benfeld y Correa, esta situación se ha transformado en un escándalo, porque “mientras por un lado se comunica a la población que se están destinando grandes sumas de dinero a la toma de medidas concretas que mejoraran su calidad de vida en el futuro cercano, en la práctica esas sumas de dinero se están destinando a asesorías comunicacionales y prácticas que nada aportan a producir un cambio concreto en el medio ambiente para cambiar la realidad de esas personas”.

FCh: diseño y desarrollo

Consultados sobre este tema, desde Fundación Chile señalaron que su participación en el PRAS no consideraba la etapa de ejecución. “El trabajo encargado a Fundación Chile contempló el diseño del Plan, pero no su implementación ni seguimiento”, indicaron.

Al respecto, precisaron que la entidad, “fiel a su compromiso de promover e impulsar la sostenibilidad de Chile, el año 2014 toma el desafío de desarrollar el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví (PRAS) en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente”.

En ese contexto, agregaron que Fundación Chile asumió “los riesgos inherentes que conllevaría su desarrollo, dado su alto grado de innovación y el carácter participativo de todos los actores territoriales, incluyendo a la comunidad”.

Según el organismo, el trabajo se extendió por casi dos años, a partir de 2014, “y comprendió una evaluación ambiental y social preliminar para las comunas, la que fue adjudicada por licitación pública el 14 de noviembre de 2014”.

Posteriormente, en junio de 2015, se celebró un Convenio de Colaboración Técnica y Transferencia de Recursos, “en el que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Fundación Chile se comprometieron a diseñar el Plan de Recuperación Ambiental y Social para las zonas mencionadas”.

El plan fue sometido a consulta ciudadana entre el 26 de julio y el 30 de agosto de 2016 y, después, aprobado por unanimidad el 17 de diciembre de 2016 por el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví.