Diputados ratifican nulidad de la Ley de Pesca y fijan plazo máximo de dos años para su reemplazo

Lunes 8 de agosto de 2022.- Tras seis años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy y despachó a su segundo trámite en el Senado, la moción parlamentaria que declara nula la Ley 20.657, General de Pesca y Acuicultura. Al mismo tiempo, definió un plazo máximo de dos años para generar una nueva normativa que la reemplace, con cuya publicación en el Diario Oficial se hará efectiva la declaración de nulidad de la llamada "Ley Longueira", que fue aprobada en el año 2013 y destapó uno de los mayores escándalos de corrupción política en nuestro país.

Dicha iniciativa legal planteaba modificaciones a la Ley 18.892 para supuestamente impulsar mejoras en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, la investigación y fiscalización. Sin embargo, su contenido fue duramente cuestionado por favorecer la asignación de cuotas a las grandes empresas que históricamente han explotado los recursos pesqueros a escala industrial, por periodos de 20 años y renovables automáticamente, en lugar de licitarlas; y poner mínimas restricciones a la pesca de arrastre, práctica que genera serios daños en el ecosistema marino, entre otros aspectos.

A eso se sumaron luego las investigaciones judiciales que constataron que, durante la tramitación del proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, la empresa Corpesca realizó pagos millonarios al ex senador Jaime Orpis (UDI) y la ex diputada Marta Isasi (UDI) para que velaran por los intereses de la industria pesquera. El asunto derivó en condenas judiciales y prisión efectiva para ambos ex parlamentarios por cohecho, además de fraude al fisco y delitos tributarios en el caso de Orpis. Además, la compañía debió pagar una multa de $516 millones.

Cabe señalar que el actual Gobierno se comprometió a impulsar una nueva ley de pesca que surja del debate y participación abierta y transparente de todos los actores del sector, en un proceso de diálogos territoriales que debiera desarrollarse durante el último cuatrimestre de este año.