Jueves 23 de noviembre de 2023.- En Chile existen más de 5.000 faenas mineras abandonadas o inactivas, pasivos generados por la industria que hoy no están regulados y que constituyen un riesgo para los ecosistemas y la salud de las poblaciones circundantes e impactan negativamente la imagen del sector.
Y es que, pese a que el nuestro es uno de los principales países mineros del mundo, no cuenta con una normativa para abordar los impactos producidos por el cierre inadecuado de instalaciones. Los llamados pasivos ambientales mineros (PAM) generan riesgos de contaminación de fuentes hídricas por la liberación de sustancias tóxicas presentes en los residuos industriales de la minería; de erosión, degradación o contaminación de suelos por exposición a materiales de origen minero o utilizados durante su procesamiento; y de contaminación del aire por efecto del abandono de áreas con potenciales sustancias contaminantes y la producción de polvo con material en suspensión que se traslada de una zona a otra.
Sobre este escenario, una publicación realizada por las universidades Autónoma de Chile y de Buenos Aires, junto a Ecosur y Grade, plantea la urgencia de establecer una política pública específica para reducir el riesgo que producen los PAM.
"En 2023, el Ministerio de Minería anunció la Política Nacional Minera 2050 y la nueva Estrategia Nacional de Fundiciones y Refinerías, en la cual se plantea la necesidad de aumentar la producción y la fundición minera en los próximos años. En el contexto del proyectado crecimiento minero, abordar la problemática ambiental y social que generan los PAM resulta fundamental", señaló la investigadora y académica de la U. Autónoma, Julieta Godfrid. La especialista agregó que el avance en una gestión de PAM permitiría contribuir al esfuerzo global por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Legislación específica
Entre las recomendaciones que presenta el estudio están elaborar legislación específica para la gestión integral de PAM y levantar un registro de responsables de ellos; mantener actualizado el catastro de las faenas, la infraestructura minera y los relaves abandonados o cerrados de manera inadecuada en todo el país; evaluar las amenazas y los riesgos socioambientales asociados a la existencia de PAM, y catalogarlos según su nivel y tipo de riesgo.
"Es indispensable también elaborar un plan de áreas prioritarias de remediación según los niveles de riesgo evaluados y medir grados de avance en la remediación de las áreas afectadas; establecer un programa de monitoreo de PAM y garantizar los mecanismos de participación ciudadana, así como el acceso a la información y la justicia ambientales –comprendidos en el Acuerdo de Escazú–, para involucrar a las comunidades locales en la implementación de una política", se indica.
Impacto en imagen
De acuerdo a información del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 5.422 faenas mineras abandonadas o inactivas, las cuales se concentran en cuatro regiones: 44,26% en Atacama, 23,52% en Coquimbo, 9,87% en Antofagasta y 8,96% en Valparaíso. Además, hay 646 relaves inactivos o abandonados ubicados principalmente en las regiones de Coquimbo (54,3%), Atacama (21,10%) y Valparaíso (10,2%).
"Existe una percepción social negativa respecto de cómo ha manejado la institucionalidad pública la cuestión de los PAM. Los pobladores de las zonas afectadas han manifestado descontento y frustración respecto de la forma en que el Estado gestiona este tema, incluso la inacción estatal sobre la problemática devino en conflictos sociales y procesos de judicialización", afirmó Julieta Godfrid.
La publicación destaca que la existencia de pasivos ambientales mineros también repercute negativamente sobre la imagen del sector y puede, por lo tanto, condicionar el futuro de la actividad. "De este modo, la problemática de los PAM es un tema bajo el cual se vincula la minería del pasado, la del presente y la del futuro", concluyó la investigadora de la U. Autónoma.