Miércoles 10 de enero de 2024.- "Para impulsar la inversión, mejorar la calidad de vida de las familias, junto con cuidar el medio ambiente, presentamos los primeros proyectos de ley del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo".
Con ese eslogan, hoy el Gobierno dio a conocer dos iniciativas que ingresará al Congreso con el objetivo de acelerar la inversión pública y privada de manera sustentable: el nuevo Sistema Inteligente de Permisos, que simplifica y reduce el tiempo en la entrega de las autorizaciones sectoriales; y el proyecto Evaluación Ambiental 2.0, que actualiza la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a casi 30 años de su promulgación, mejorando los instrumentos de gestión vigentes en esta área.
Sistema Inteligente de Permisos
Para hacer frente al problema de la "permisología" que, en algunos casos, implica un freno injustificado a la inversión, al crecimiento económico y a la creación de empleos, el Gobierno plantea la implementación de un nuevo Sistema Inteligente de Permisos, el cual pretende simplificar los procesos de autorización de toda la gama de proyectos de inversión, desde los más grandes, que generalmente son los mineros, hasta los más pequeños, como un almacén.
En ese marco, propone medidas como las siguientes:
• Normas mínimas de tramitación para todos los permisos sectoriales, entre las cuales figuran:
-Todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad.
-Se mejorará la regulación de las iteraciones entre servicios y entre el Servicio tramitador y el solicitante.
-Se establecerán plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no tienen.
-Se especificará y viabilizará el uso del silencio administrativo.
• Inclusión de criterios de proporcionalidad:
Se plantea generar un procedimiento que permita reemplazar autorizaciones por declaraciones, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto. Estos procesos resultarán en rutas diferenciadas de tramitación según umbrales de riesgo fijos.
• Ventanilla única digital:
Se propone establecer la plataforma SUPER como la ventanilla única digital del Estado para tramitar los permisos sectoriales. Esta plataforma permitirá a los titulares de proyectos y al órgano SUPER acceder permanentemente a los detalles del procedimiento.
Evaluación Ambiental 2.0
El segundo proyecto de ley plantea una reforma a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para modernizar y optimizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de gestión ambiental vigentes.
En ese contexto, uno de los pilares es la modificación de diversos aspectos relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que apunta tanto a reforzar la prevención de los impactos ambientales, como también a fortalecer la participación ciudadana y entregar mayores certezas a los inversionistas.
Así, las propuestas más relevantes para aumentar la predictibilidad de decisiones y disminuir tiempos totales de tramitación ambiental son:
• Participación temprana voluntaria:
Los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema.
Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos.
• Tecnificación de las decisiones:
Después de la evaluación ambiental, existen instancias políticas que luego son revisadas en instancias administrativas y judiciales.
Por lo anterior, se ha decidido fortalecer la evaluación técnica, al dotar de mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y eliminar instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA).
Con ello la decisión final de aprobar o rechazar un proyecto recaerá principalmente en el SEA, instancia que deberá tomar la decisión basándose en los antecedentes técnicos y la evidencia científica presentes en cada caso.
• Recurso de Reclamación único y simplificado:
Se simplificará la vía recursiva para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración.
Se espera que estos cambios reduzcan significativamente los tiempos totales de tramitación.
La reforma a la Ley 19.300 también pretende otorgar más herramientas para mejorar la respuesta frente al daño ambiental, facultando al Consejo de Defensa del Estado para presentar acciones legales en estos casos. También se crearán mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas y se clarifica mejor el plazo de prescripción por daño ambiental.
Además, el proyecto de ley busca robustecer el ordenamiento territorial, fortaleciendo y facilitando el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Al respecto, el Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol más relevante, pero manteniendo la autonomía de los otros organismos. Se reducirán los requisitos para que un instrumento sea sometido a EAE y los proyectos que hayan pasado por ésta podrán reducir en un 30% los plazos de evaluación en el SEIA.
Más detalles de esta propuesta de reforma se pueden revisar el artículo Las Bases de la Reforma, publicado en la edición 185 de InduAmbiente.