Gobierno proyecta cuatro plantas desaladoras para afrontar crisis hídrica en región de Coquimbo

Martes 16 de enero de 2024.-Más de 500 millones de dólares proyecta invertir el Gobierno en la construcción de cuatro plantas desaladoras y otras medidas para enfrentar la crisis hídrica en la Región de Coquimbo. La principal iniciativa corresponde a una instalación multipropósito que busca garantizar el suministro de agua potable para los habitantes de Coquimbo-La Serena, cuyo proceso de licitación se iniciará el segundo semestre de este año, a lo que se sumarán otras tres plantas para abastecer a los Servicios Sanitarios Rurales de las provincias de Limarí, Choapa y Quilimarí.

La primera planta contempla una inversión de 300 millones de dólares, tendrá una capacidad de 1.200 litros/segundo y beneficiaría a 540.000 personas de la mencionada conurbación regional, posibilitando también el traslado de agua desalinizada a Ovalle. Se ubicaría en el sector de El Panul, entre La Herradura y Totoralillo –frente a lo que han surgido algunas voces opositoras–, y estaría operativa en el año 2029.

En su visita a la región realizada ayer, el Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó que con este proyecto "se va a garantizar en el mediano plazo el suministro y la calidad de agua potable para la conurbación La Serena- Coquimbo, y también agua para riego. Además, esta planta va a enviar agua a Ovalle". Agregó que "estamos cumpliendo con nuestra palabra empeñada, pero no podemos satisfacernos ni quedarnos tranquilos, tenemos que procurar que el agua esté llegando. Es mi preocupación, para ello, que esta obra siga su curso en los tiempos anunciados y, ojalá, menores, lo que requiere un compromiso de Estado que va más allá de un Gobierno".

Más plantas y medidas

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que "la solución de la crisis hídrica tiene muchas aristas. La planta es una de ellas y la otra es la construcción de un conjunto de nuevos pozos que permitirán la seguridad hídrica hasta el 2029, así como otras fuentes de agua como el tratamiento y reúso de aguas servidas. Es un conjunto de medidas en el que la más significativa es la construcción de la planta desaladora. Este proceso se inició con la decisión presidencial de construir esta planta y la aprobación por parte del Congreso para que el MOP pueda construir este tipo de infraestructura hídrica de cualquier propósito. Ahora se agrega la definición del lugar en Panul y luego el llamado a licitación que esperamos que sea el segundo semestre de 2024, acogiendo el llamado del Presidente a buscar los mecanismos para acotar los plazos de este anhelado proyecto".

Como consecuencia de la nueva ley que permite al Ministerio de Obras Públicas (MOP) construir plantas desaladoras para consumo humano, el MOP apunta a desarrollar diversos proyectos para abordar la creciente escasez hídrica que también afecta a otros sectores como la agricultura. En ese marco, con el objetivo de mitigar el déficit hídrico que aqueja a los Servicios Sanitarios Rurales (APR) de la región, el Ministerio también proyecta invertir cerca de 209 millones de dólares para instalar otras tres plantas desaladoras que proporcionen una fuente de agua segura para consumo humano a los Servicios Sanitarios Rurales de las provincias de Limarí, Choapa y Quilimarí.

Voces en contra

El emplazamiento de la planta desaladora para la Región de Coquimbo en El Panul ha generado la oposición por parte de algunas organizaciones.

Desde el Movimiento EcoPanul, por ejemplo, indicaron que su postura contraria al proyecto se basa en dos argumentos. Primero, en que "El Panul tiene una especial concentración de biodiversidad del matorral esclerófilo costero, además de hallazgos arqueológicos, ambos estudiados y respaldados por instituciones públicas y por la academia". Y en que "al día de hoy, en este escenario de emergencia hídrica, el país no cuenta con una norma que regule y fiscalice la desalación de agua en pos de proteger y garantizar la vida en todas sus formas".

Añadieron que han "trabajado para visibilizar el valor del territorio con el fin de protegerlo y buscar medidas de conservación" y que, a pesar de entregar información y reunirse con distintas autoridades, "no hemos sido escuchadas, ni consideradas para la toma de decisiones y no entendemos cómo las distintas organizaciones de poder son incapaces de hacer un cruce de información para comprender el valor del territorio y el impacto que provocará la construcción y el funcionamiento de la desaladora".