Informe de diputados pide nueva licitación para crear Instituto de Tecnologías Limpias

Miércoles 27 de octubre de 2021.- Anular la adjudicación a Associated Universities Inc. (AUI) y realizar una nueva licitación para crear el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), es parte de lo que plantea la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó el proceso que entregó la implementación del mayor centro de investigación y desarrollo (I+D) que tendrá Chile a dicho consorcio liderado por universidades extranjeras.

El informe, que ahora será presentado a la sala, cuestiona el procedimiento y los estándares de evaluación y asignación aplicados por la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo), e incluso propone indagar la posible comisión de delitos.

Antecedentes

El Instituto de Tecnologías Limpias es un proyecto gubernamental que busca impulsar la investigación y desarrollo en energía solar, hidrógeno verde, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales, como motores para el desarrollo nacional y regional. La iniciativa se sustenta en el acuerdo firmado -durante el Gobierno pasado- entre Corfo y SQM Salar por los contratos de litio en el Salar de Atacama, que permitió disponer de hasta US$ 193 millones como aporte estatal en 10 años para poner en marcha este centro de innovación y emprendimiento. El ITL se ubicará en la Región de Antofagasta y, aprovechando las condiciones únicas del Desierto de Atacama, se espera que al año 2030 sea un referente mundial en los temas señalados.

En ese contexto, en octubre de 2019, Corfo convocó a una licitación en la que participaron tres consorcios conformados, principalmente, por universidades y empresas: uno encabezado por Associated Universities Inc. (AUI), otro liderado por la Corporación Alta Ley e integrado por las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y el tercero con Fundación Chile como mandatario.

El proceso culminó con la selección de la propuesta de AUI, entidad autónoma y sin fines de lucro fundada por 9 universidades estadounidenses (Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale), que también integra tres planteles superiores privados chilenos (U. del Desarrollo, U. San Sebastián y U. Autónoma) y un representante de la Macrozona Norte (U. de Atacama). La iniciativa considera una inversión de US$ 265 millones en la próxima década. El 54% de ese monto provendrá de los contratos de SQM, mientras que el 46% restante será financiado por AUI más el aporte de once empresas: Colbún, Enel Generación Chile, AES Gener, Enaex, GM Holdings, Ecometales, Cerro Dominador, Schwager Energy, Enor Chile, Clayton Ventures y Freitag and Company. Cumplidos los 10 años, el propio instituto deberá autofinanciarse.

Una vez conocido el resultado de la licitación, integrantes de los otros consorcios participantes, representantes de universidades nacionales y del Congreso Nacional, plantearon diversas críticas al proceso, acusando eventuales irregularidades, falta de objetividad y transparencia, principalmente.

Eso dio paso a la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados que, tras cuatro meses y ocho sesiones de audiencias y análisis, aprobó por unanimidad el informe que da cuenta de varias irregularidades en el proceso y también entrega una serie de proposiciones para asegurar la probidad en futuras licitaciones.

Evaluación y asignación

En primer lugar, el informe destaca que el ITL es el más grande proyecto en I+D que ha licitado por Corfo, por lo cual debió ser sometido a los más altos estándares de evaluación y asignación, por tratarse de una revolución frente al cambio climático y la explotación de nuestros recursos naturales.

En lo particular, plantea que hubo diferencias importantes en los procedimientos utilizados en la etapa de solicitud de propuestas. Una de ellas fue que Corfo introdujo una instancia nueva denominada Comisión Evaluadora. Esta operó como interfaz entre la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, unidad técnica encargada del proceso de evaluación. Asimismo, tuvo relación con la instancia colegiada a cargo de la toma de decisiones del proceso de selección y asignación.

Además, señala que la Comisión Evaluadora no estuvo integrada por técnicos o especialistas con competencias en las áreas de las propuestas en evaluación, sino por directivos públicos. Y añade que dicha comisión no realizó interacciones con los evaluadores internacionales seleccionados y contratados por la citada Gerencia para calificar los proyectos. En cambio, generó nuevos informes de evaluación en base a los entregados por los expertos internacionales, alterando los resultados principales del proceso.

Otro aspecto que llamó la atención de los diputados en el proceso de evaluación fue la duplicación de roles de los directivos públicos participantes en la Comisión Evaluadora.

El reporte plantea, además, que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc. (AUI). Y que se hizo caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera postulante, lo que permitió que aumentaran las obtenidas por AUI.

Junto a lo anterior, se señala que Corfo cometió un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley, en cuanto al financiamiento del proyecto.

Además, califica como sumamente grave las acusaciones que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, por intervenir en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo a pesar de tener una inhabilidad clara, que él mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.

Solicitudes y propuestas

El informe plantea que es indispensable que sean modificados y estandarizados los diferentes procesos de licitación, para no dar espacio a ambigüedades que generen dudas de probidad.

Para ello, solicita a Corfo:

• Realizar nuevamente el proceso licitatorio de la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en la región de Antofagasta. Se propone aplicar estándares y bases de la licitación claros, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
• Dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con AUI.
• Modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
• Realizar modificaciones para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas.
• Remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas.

Los diputados también solicitan formar una comisión evaluadora, con carácter permanente, que sea integrada con expertos/as de diferentes áreas. Y realizar modificaciones respecto de la forma de abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas.

Además, plantean oficiar al Contralor General de la República para que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión.