Martes 4 de enero de 2022.- El proceso de licitación que lleva adelante el Ministerio de Minería para la explotación de 400.000 toneladas de litio en Chile, que se adjudicaría a manos privadas el próximo 14 de enero, sigue levantando polémica. A los cuestionamientos por la inmediatez con que el Gobierno saliente pretende entregar parte de este recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible y los obstáculos que esto podría causar incluso a la discusión de la Convención Constituyente sobre el rol y la propiedad del Estado en estas materias, también se han sumado críticas por los posibles impactos ambientales que puede generar esta actividad.
Hoy, por ejemplo, la diputada Camila Vallejo señaló en sus redes sociales: "La licitación del litio está mal diseñada: tiene problemas técnicos y económicos que perjudican a Chile, no permite estimar su impacto ambiental, no hay estrategia para generar valor agregado y se entrega a un precio muy por debajo del valor comercial. Lo sensato es postergarla".
Una postura, por cierto, compartida por el equipo del presidente electo Gabriel Boric y otros parlamentarios de oposición que han pedido al Ejecutivo no seguir adelante con este proceso y no apresurar decisiones de largo plazo en relación a un recurso que puede ser clave para el futuro del país, por la creciente demanda mundial para el desarrollo de tecnologías limpias asociadas a la electromovilidad y a las energías renovables, entre otras tendencias.
En ese contexto, el programa del próximo gobierno plantea crear una Empresa Nacional del Litio, "que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción". A eso se suma el énfasis en el resguardo ambiental y de los territorios que propone la nueva administración gubernamental, lo cual debiera traducirse en asegurar una explotación sostenible del mineral blanco que evite el impacto en los acuíferos y salares desde donde se obtiene el producto. Una situación que en algunos casos ha generado conflictos con comunidades aledañas a las faenas, que asocian la actividad minera con la creciente falta de agua.
Desarrollo sostenible
Por su parte, el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, también utilizó hoy su cuenta de Twitter para responder a los cuestionamientos en torno al proceso de licitación del litio. En primer lugar, recordó que este recurso es "clave para frenar el cambio climático y tenemos las mayores reservas del mundo". Y luego, con respecto a los posibles impactos que su explotación tendría en el entorno, el secretario de Estado aseguró: "Se busca un desarrollo sostenible: los proyectos deberán someterse a la institucionalidad ambiental y obtener todos los permisos necesarios para operar, cuidando el medio ambiente, y en armonía con las comunidades locales".
Jobet, además, respondió a los restantes cuestionamientos, indicando que "Chile se está perdiendo la oportunidad del litio, mientras Australia, Argentina y otros países avanzan. En 2016 éramos el mayor productor del mundo con 37%; hoy caímos al 31%, y sin nuevos proyectos al 2030 estaremos en 17%. Esta licitación invita a empresas como socias del Estado para invertir y explotar litio. El Estado va a captar más del 50% del valor del recurso, sin invertir. Va a captar mil millones de dólares al año durante la producción y más de 200 millones de dólares al adjudicar. Con esta licitación van a entrar nuevos actores a una industria donde hace 27 años son los mismos dos, y no impide la creación de una empresa nacional del litio, porque estamos licitando solo el 4,4% de las reservas conocidas de Chile. Para aprovechar esta oportunidad necesitamos trabajar juntos y con una mirada de largo plazo".
A propósito de esto último, la autoridad se reunirá mañana con representantes del equipo de Gabriel Boric para hablar sobre las implicancias del cuestionado proceso de licitación.