Nueva propuesta constitucional atenta contra espacios públicos de alto valor ambiental

Lunes 11 de septiembre de 2023.- La nueva propuesta de Constitución amenaza espacios públicos de alto valor ambiental, advirtieron desde el Observatorio de la Costa, luego que la semana pasada una de las comisiones del Consejo Constitucional aprobara una enmienda que establece que los bienes nacionales de uso público como los ríos, las playas y el mar adyacente se podrían entregar en concesión a privados, poniendo en riesgo la protección de los ecosistemas.

"Que las playas que hoy son públicas sean concesionadas implica que el acceso universal desaparece, al transformarse en 'derecho de propiedad'. El uso de los ecosistemas, además, nuevamente quedará al albedrío de quién posea la concesión y no de una legislación que garantice su protección", planteó Carolina Martínez, académica de Geografía UC y directora del Observatorio de la Costa.

La experta añadió que es fundamental avanzar en el reconocimiento del dominio público de nuestra costa para proteger el medio ambiente. Más aún, considerando que la privatización de estos espacios ha dado paso al avance muchas veces descontrolado y perjudicial de construcciones inmobiliarias que han generado daños muy importantes sobre el entorno. Claro ejemplo es la reciente catástrofe por la construcción de edificios sobre las dunas de Concón -en específico los edificios Kandinsky y Miramar, donde hoy se produjo un nuevo socavón que obligó a la urgente evacuación de sus habitantes-, que a poco más de una década de ser levantados, han debido ser evacuados por el peligro de derrumbe y hoy enfrentan la posibilidad de una demolición. 

"Este caso se multiplica en diversos lugares del país como resultado de intervenciones que ya no son sostenibles en pleno siglo XXI y elevan el riesgo de desastre en la sociedad", sostuvo Martínez.

A juicio de la experta, "que se establezca la concesividad de los bienes nacionales de uso público a nivel constitucional debilita gravemente la garantía de uso libre e igualitario que le corresponde a todos los habitantes del país sobre dichos bienes, entre otros, las playas. Esto porque el acceso a esos ecosistemas podría quedar supeditado a la voluntad de quien posea la concesión, desnaturalizando completamente la propia categoría de bien nacional de uso público, pues se trataría, en la práctica, de bienes privados".

Ley de Costas

La especialista comentó, además, que estas enmiendas van en contra de la propuesta de Ley de Costas que lidera el Observatorio de la Costa junto a otros centros científicos, la cual llama a trabajar en una gestión integrada y sostenible de la costa. Al mismo tiempo, contradicen la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que se lleva adelante en estos días incorporando una visión ecosistémica y reemplazando el concepto de "borde" por el de "zona costera", como ha sido sugerido desde hace años la comunidad científica.

Esa gestión integrada de la costa planteada en la moción de Ley de Costas, que aún se discute en el Congreso, también se contradice con anuncios recientes del Ministro de Hacienda, que busca impulsar la inversión anunciando "reformas legales a dos de los permisos que presentan mayor nivel de retraso, en particular, en el caso de las concesiones marítimas, se propone traspasar esa facultad desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales".

Este último es un Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, ingresado en julio de 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 8467-12), que busca fomentar la inversión inmobiliaria en las zonas costeras –incluidos ríos y lagos navegables. Esto, a juicio de Carolina Martínez, también representa un retroceso para la preservación de los ecosistemas costeros y un riesgo considerando la necesidad de adaptación a fenómenos climáticos que se harán más intensos en el futuro.

"Nuestra costa se encuentra en estado crítico por falta de política pública. Ahora es cuando debemos actuar para proteger sus ecosistemas y la vida humana ante desastres, no concesionar un espacio que alberga ecosistemas que son esenciales para la sobrevivencia de las futuras generaciones", concluyó la experta en ecosistemas costeros e investigadora de CIGIDEN e Instituto Milenio SECOS.