Primer mercado nacional de carbono: académicos analizan sus debilidades y fortalezas

Viernes 27 de agosto de 2021.- Alcanzar la carbono neutralidad hacia el año 2050 es uno de los grandes objetivos del país en materia ambiental y uno de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. El cumplimiento de esta meta resulta más urgente después del dramático informe "Climate Change 2021: the Physical Science Basis", elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Una iniciativa que podría aportar a eso es la implementación del primer mercado nacional de carbono, cuyo reglamento está en proceso de consulta ciudadana hasta el próximo 3 de septiembre, con miras a comenzar a operar en 2023.

Ezio Costa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en derecho ambiental, explica que el desincentivo a las emisiones actualmente lo define el llamado "impuesto verde" a fuentes fijas de la Ley 20.780. En este sentido, señala que el reglamento del mercado nacional de carbono plantea un complemento a esa regulación, promoviendo un sistema de compensaciones para que los dueños de fuentes fijas contaminantes puedan cumplir con dicha Ley. "El incentivo en concreto es que los propietarios de estas fuentes podrán reducir e incluso eliminar su carga impositiva del impuesto verde, si es que llevan a cabo un proyecto de reducción de emisiones que compense parcial o totalmente sus emisiones contaminantes", detalla.

Un aspecto importante es la relación que este Reglamento tendrá con la Ley Marco de Cambio Climático, que hoy se debate en el Congreso. Al respecto, Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, advierte que se requiere de una "coordinación interinstitucional del Estado con la participación de los actores definidos por la Ley en discusión; levantando y disponiendo información de calidad, articulando la cooperación multinivel, que integre el conocimiento científico disponible en las políticas y en la toma de decisión pública, privada y de la ciudadanía, en todo lo relacionado a mitigación y adaptación al cambio climático. Hay poco tiempo para equivocaciones".

¿Pagar impuestos o compensar?

La propuesta de Reglamento sometida a consulta, considera –entre otros temas– la redefinición de la Ley 21.210 sobre las fuentes emisoras sometidas al gravamen del "impuesto verde", desde aquellas calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt a quienes produzcan sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado. En este contexto, los proyectos a través de los cuales los agentes contaminantes podrían reducir su carga impositiva estarían sujetos a medidas adicionales que sean medibles, verificables y permanentes. "Esto involucra tener una línea base realista y trazable que busca reducir impactos no deseados en el entorno natural y calidad de vida de las comunidades adyacentes, algo muy relevante para el proceso de evaluación, verificación y certificación de proyectos de reducción de emisiones", precisa Chavarri.

Este nivel de exigencias para los proyectos de compensación podría entrar en colisión con un "impuesto verde" que, hasta hoy, se mantendría en solo 5 dólares por tonelada de carbono, advierte Valentina Durán, académica del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. "El reglamento busca crear un sistema de verificación y reducción de emisiones con metodología de verificación y certificación de estas reducciones por auditores externos, y con registro público de estos auditores. En mi opinión, pensar en un sistema de compensación de emisiones en Chile, tal como el que se está planteando, solo tiene sentido si es que fijamos un impuesto verde real, acorde a estándares internacionales y más cercano al precio social que tiene el carbono".

La dificultad asociada a este dilema también es observada por Ezio Costa, quien enfatiza que "esta es solo una de las opciones que da el Reglamento para generar un proyecto de compensación. Todo dependerá de si los titulares prefieren compensar o pagar el impuesto, y si compensando, prefieren este tipo de proyectos o proyectos que generen más intervención a los ecosistemas". En este sentido, plantea que existe un amplio espacio de mejora para que "sea más firme en promover soluciones basadas en la naturaleza. Proteger y recuperar bienes comunes naturales debiera ser una prioridad no solo de este reglamento, sino de las políticas públicas en general".

Diversidad territorial

La experiencia internacional, según Reinalina Chavarri, muestra que las iniciativas de compensación valoran las colaboraciones entre universidades, centros de investigación, empresas, comunidades locales y ONGs. "Es importante que los procesos productivos de las empresas tengan esta herramienta que les permita tomar decisiones que son urgentes y podamos realizar una transición sostenible. Este escenario puede contribuir a la diversidad territorial de los proyectos de compensaciones, según los impactos locales que se quiera recuperar. De esta manera, se podría incentivar una estrategia de sectores productivos regionales, alianzas en el ámbito local e incluso iniciativas de carácter transfronterizo, por ejemplo, en temas de energía o fortalecer los flujos comerciales intrarregionales", comenta.

Por su parte, Ezio Costa plantea dudas respecto del real aporte que el mercado nacional de carbono haría para alcanzar la meta de que el país sea carbono neutral al año 2050. "Me parece que con el Reglamento se busca lograr que haya intereses alineados entre el Estado y los privados, los que al estar enfocados en la protección del medio ambiente y de tomar medidas ante el cambio climático podrían ser positivos. Pero por la manera en que está formulado pareciera que el procedimiento para generar proyectos de reducción de emisiones es bastante difícil, por lo que habrá que estar atentos a cómo se comportarán en la práctica los privados, si finalmente se verán incentivados o no".

Cambio de visión

La incorporación del conocimiento técnico y científico a las políticas públicas y corporativas asociadas a los temas del calentamiento global es fundamental para Reinalina Chavarri. En esta línea, advierte que "hasta hace muy poco el medio ambiente o el enfoque de desarrollo sostenible era considerado una externalidad por parte de las políticas públicas y la economía. En el derecho internacional se ha avanzado poco y solo en determinados asuntos. La crisis del multilateralismo y la crisis sanitaria han dejado en evidencia que habíamos perdido el horizonte ético de las decisiones al no integrar el valor que tiene la naturaleza para la vida humana y de otras especies".

La pregunta de fondo, sostiene Ezio Costa, es "si efectivamente la creación de mercados es una buena manera de abordar la crisis climática. No es claro que lo sea, y -en general- creo que ha habido problemas en esta línea. Además, se podrían producir problemas peores a futuro, en la medida que se incentiva una propietarización de los servicios ecosistémicos que son un bien natural común". Por esta razón, enfatiza que "el mayor incentivo debiera estar puesto en generar proyectos no contaminantes o de reducción de emisiones por sí solos, y no en generar proyectos contaminantes en conjunto con proyectos de compensación. Lo primero es dejar de destruir la naturaleza. Lo siguiente es empezar a recuperarla".

En este sentido, concluye: "El mayor desafío es que las empresas y el Estado entiendan que hay cosas que no se pueden hacer, porque simplemente los límites naturales del planeta han sido sobrepasados y nuestra trayectoria es muy catastrófica".