Proyecto de ley apunta a que agua desalinizada sea bien nacional de uso público

Martes 6 de abril de 2021.- Establecer por ley que las aguas resultantes de los procesos de desalinización sean consideradas bienes nacionales de uso público, es uno de los principales planteamientos del proyecto sobre uso de agua de mar para dicho fin, que comenzó su discusión en particular en la Sala del Senado.

La moción parlamentaria se encuentra en primer trámite constitucional y ayer, ante la solicitud del Ejecutivo para analizar algunos temas con la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, se acordó un plazo de 15 días para recibir un segundo informe complementario que permita alcanzar acuerdos en ciertas materias. Tras eso, se procederá a la votación en particular.

La presidenta de dicha Comisión y coautora de la iniciativa, Adriana Muñoz, destacó los alcances del texto legal, que también pretende crear una Estrategia Nacional de Desalinización para establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras, con proyectos que siempre deben someterse a evaluación ambiental. La propuesta, además, modifica el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establece la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.

Política y bien público

La necesidad de contar con una política nacional de desalinización fue un punto destacado por algunos parlamentarios, como José Miguel Insulza e Isabel Allende, quien destacó que, pese a la nula proactividad del Ejecutivo, se ha avanzado en esa dirección, regulando las concesiones y el carácter del agua desalada.

En esa misma línea, el senador Rabindranath Quinteros planteó: "Es imprescindible que este proyecto deje establecido que el resultante de la desalinización es un bien de uso público".

En la otra vereda, la senadora Luz Ebensperger mostró su desacuerdo con ese planteamiento, "porque creo que es un producto de una materia prima", que es la que efectivamente es de bien nacional de uso público.

A su turno, Francisco Chahuán valoró la idea de establecer una política en la materia y reconoció que el proyecto ha mejorado sustantivamente. Claudio Alvarado, en tanto, consideró positivo que se pueda escuchar al Ejecutivo y buscar ciertos principios de acuerdo.

Por su parte, Alejandro Navarro recordó que presentó una moción para que el uso del agua de mar en funciones mineras y de termoeléctricas tenga asociado un costo, "porque el agua del mar es gratis" y solicitó que este texto se incorpore al proyecto en debate.

En tanto, Rafael Prohens hizo notar que el metro cúbico de agua desalada cuesta entre 3 y 7 dólares, por lo que planteó que, si se piensa como una solución para el recurso humano, "las plantas deben ser construidas por el Estado".

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, a su vez, resaltó que es urgente que estos debates se hagan con sentido de realidad de los territorios; y precisó que presentó una indicación para hacer exigible que estas plantas se sometan a estudios de impacto ambiental, "porque hay que mirar el conjunto del territorio".

Desde una perspectiva más amplia, el senador Guido Girardi realzó la importancia de debatir estos temas ante la sequía que enfrenta el país, enfatizando que se debe restablecer el agua como bien de uso público. Coincidentemente, Carmen Gloria Aravena reforzó que se deben buscar nuevas fuentes de agua y recalcó que la inversión público- privada es necesaria.

El senador Alfonso De Urresti, en tanto, señaló que el proyecto debería apuntar a cuál es la estrategia hídrica del país. "No se trata de una fuente inagotable de agua y que no ocurra lo que ocurrió con las concesiones acuícolas en el sur", advirtió.