SMA formuló cargos a Minera Candelaria por incumplir RCA y norma de descarga de riles

Martes 27 de julio de 2021.- La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos contra "Compañía Contractual Minera Candelaria", titular del proyecto "Candelaria 2030 - Continuidad Operacional", por infracciones a las disposiciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de incumplimientos asociados a normas de emisión para las descargas de residuos industriales líquidos (riles) por parte de la desalinizadora de la misma empresa.

Uno de los cargos graves se refiere al uso de una cantidad de explosivos mayor a la autorizada, que, entre agosto de 2019 y abril de 2020, se habría constatado durante 124 días, en 136 eventos de tronadura. Además, y durante el mismo período, se superó en 5 ocasiones este mismo hecho, lo que implicaría un aumento en las emisiones atmosféricas generadas por la empresa, que pudo generar una situación de riesgo para la salud de los habitantes de la comuna de Tierra Amarilla.

Otra infracción grave corresponde al incumplimiento de medidas de mitigación asociadas al recurso hídrico, en particular, a que la empresa no habría reducido el consumo de las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento de Nueva Atacama en julio de 2018, por lo que 950 m3/día dejaron de ser utilizados para la recarga del acuífero del Río Copiapó, que corresponde a una zona de reconocida escasez hídrica.

En tanto, las infracciones leves constatadas fueron: utilizar puntos receptores distintos a los establecidos en RCA N° 133/2015 para el monitoreo de vibraciones correspondiente al año 2020; construir y operar una piscina de emergencia o drenaje adicional, que superaba en un 26,2% respecto del total autorizado en su permiso ambiental; y no reportar la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo, asociado al DS N° 90/2000, entre julio de 2018 y junio de 2020.

Tras esta formulación de cargos, la compañía se expone a una multa de hasta 18 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTA), la revocación de su RCA o la clausura del proyecto. Lo anterior, en un escenario en que se está evaluando ambientalmente la "Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria", que busca extender su vida útil hasta el año 2040.

Denuncias y plazos

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, señaló que "para la institución es prioritario fiscalizar los instrumentos que disminuyen los efectos ambientales generados por la actividad productiva y tomar acciones que le permitan a los regulados volver al cumplimiento ambiental. Además, es importante destacar que esta investigación incluyó una serie de denuncias ciudadanas que se habían presentado a la SMA, por lo que vinculamos las demandas de la comunidad con las estrategias de intervención definidas por nuestra institución."

De La Maza recordó, además, que en diciembre de 2020 se declaró la comuna de Tierra Amarilla como zona prioritaria dada la alta vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra, producto de la intervención histórica realizada en este territorio.

"Candelaria 2030 - Continuidad Operacional" es un proyecto que consiste en la extensión de la vida útil de las operaciones de Minera Candelaria, hasta el año 2030 inclusive, con el fin de continuar la explotación y procesamiento de reservas de mineral en la comuna de Tierra Amarilla. El referido proyecto se desarrolla en la Provincia de Copiapó, con presencia en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, por las áreas mina, obras lineales y puerto, respectivamente.

El procedimiento sancionatorio se inició tras una serie de fiscalizaciones que buscaron determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa, varias de ellas, como se señaló, originadas tras denuncias de la comunidad de Tierra Amarilla, principalmente referidas a la presencia de material particulado en suspensión a causa de las tronaduras realizadas para la extracción de mineral y a la gran magnitud de estas.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, Minera Candelaria tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos, respectivamente.